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Canarias 21 de Abril de 2014
El Gobierno remite al Parlamento el proyecto de Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales
El acuerdo se produce después de haber estudiado y adaptado el texto a las alegaciones recibidas de 50 departamentos, instituciones públicas, personas físicas y entidades.
El Consejo de Gobierno de Canarias acordó recientemente remitir el proyecto de Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales al Parlamento autonómico, para su debate y posterior aprobación, una vez analizado el preceptivo informe del Consejo Consultivo.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, volvió a elevar el texto a la consideración del Gobierno, después de un exhaustivo trabajo de diálogo y de búsqueda del consenso con las instituciones y organismos más afectados por los cambios propuestos en el texto normativo, como la Fecam, que finalmente se ha traducido en la recopilación de alegaciones procedentes de 39 departamentos, instituciones públicas, colegios oficiales o entidades y de diez más presentadas por particulares.
La búsqueda del máximo consenso posible, en especial con los ayuntamientos y cabildos, ha sido una prioridad durante el proceso de discusión del anteproyecto, toda vez que éste tiene por objeto sentar las bases para el desarrollo de una política de simplificación, que permita una mayor rapidez en la toma de decisiones. Esto requiere, asimismo, una mayor agilidad en la tramitación y en la resolución de los procedimientos administrativos en las materias de: ordenación territorial; urbanística: y de los recursos naturales y medio ambiente, teniendo como objetivo que sean logrados los mejores resultados en materia de sostenibilidad.
Para logar la mencionada agilización en el desarrollo del planeamiento y la ordenación de nuestro territorio, resulta necesario incidir especialmente sobre la arquitectura del sistema de planeamiento territorial y medioambiental, con el fin de eliminar rigideces innecesarias y, sobre todo, de clarificar las competencias que corresponden a los tres niveles administrativos, además de agilizar al máximo los procedimientos de formulación y aprobación de los instrumentos de planeamiento territorial, urbanístico y de los recursos naturales.
Con el nuevo texto, el Gobierno persigue el permitir a los distintos operadores actuar en plazos razonables y previsibles, favoreciendo la confianza de los agentes en la estabilidad de sus inversiones en materia de suelo.
Además, en lo que concierne concretamente a la materia ambiental, el anteproyecto de ley pretende lograr una mayor celeridad administrativa y dar así cumplimiento a las exigencias de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, traspuesta al ordenamiento español por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Otra de las virtudes de la futura Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales es que el Gobierno optó por retrasar su tramitación, hasta que se publicase la anunciada nueva Ley de Evaluación Ambiental del Estado, que se tendría carácter básico, por lo que era necesario adaptar a ella todas las normas autonómicas. Finalmente, la Ley 21/2013, de evaluación ambiental se aprobó el pasado 9 de diciembre de 2013, por lo que se pudo volver a impulsar la norma canaria, ya adaptada a la estatal.
Con este texto, se pretende regular una labor que, como ha recalcado el consejero proponente en múltiples ocasiones, busca facilitar la convivencia de la actividad humana y la preservación del territorio y establecer reglas claras en los usos y clasificaciones del suelo, con la fijación de competencias claras y plazos de la mayor brevedad posible, aunque su posibilidad de simplificación se encuentra al mismo tiempo muy limitada por los trámites obligatorios que vienen impuestos por las normativas estatal y europea.
Con el acuerdo de hoy, el Gobierno remite al Parlamento un texto que incluye índice, exposición de motivos, sesenta y dos artículos (agrupados en cuatro títulos), quince disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, cinco disposiciones finales y tres anexos.
