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Canarias 13 de Diciembre de 2014
Autorizan la interposición de un recurso contra el Gobierno del Estado por la privatización
de AENA
Ante la desestimación por silencio administrativo del requerimiento formulado por la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial contra el acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el 11 de julio 2014.
El Gobierno de Canarias autorizó a la Consejería de obras Públicas, Transportes y Política Territorial, en su reunión de hoy, a interponer un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación del Estado del requerimiento que formuló ese departamento autonómico, en relación al proceso privatizador de la empresa pública AENA, S.A.
En concreto, el Gobierno de Canarias requirió al Estado el acuerdo íntegro del Consejo de Ministros adoptado el 11 de julio de 2014, relativo al inicio de los trámites para el proceso de venta del capital social de AENA, S.A. y la entrada de capital privado en la misma, con el fin de solicitar a su vez la exclusión de todos los aeropuertos canarios de interés general ubicados en el territorio de Canarias.
Considerando que el requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contestara, conforme a lo dispuesto en el artículo 44.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; el Gobierno de Canarias ha acordado entender rechazada su solicitud, por silencio administrativo. De ahí que proceda el ejercicio de acciones judiciales contra el Gobierno de España en defensa de los intereses legítimos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Gobierno de Canarias, que en numerosas ocasiones ha criticado la falta de transparencia del procedimiento empleado para la privatización, recuerda que considera que ésta no se ajusta a la legalidad, puesto que el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 33.13, establece que la gestión de los aeropuertos de interés general es una competencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma, siempre que el Estado no se reserve su gestión directa.
Antecedentes
En este sentido, el Consejero de Obras Públicas envió el pasado septiembre una solicitud al Secretario de Estado de Infraestructuras y Presidente de Enaire, para que incluyese la advertencia a los "inversores de referencia" de que la Comunidad Autónoma se oponía frontalmente a esta privatización. De hecho, lo que le comunicó fue el acuerdo del Consejo de Gobierno de Canaria, que entendió que se vulnera una Ley Orgánica como es el Estatuto de Autonomía de Canarias, por lo que mandató a sus servicios jurídicos a que impugnaran todos y cada uno de los pasos que diesen el Consejo de Ministros, el Ministerio de Fomento, Enaire o AENA, S.A., para privatizar esta última.
Además, el Gobierno canario ha solicitado la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, para la transmisión efectiva de la competencia y se ha rechazado su solicitud, por lo que también acudirá a la Audiencia Nacional para obligar a su convocatoria.
Además de estas otras actuaciones, el Gobierno de Canarias ha iniciado ya los trámites previos a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, consistentes en solicitar la convocatoria de una Comisión Bilateral en la que negociar previamente con el Estado aquellos aspectos que se consideran inconstitucionales en su decisión de privatizar AENA. El Estado ya ha notificado a la Comunidad Autónoma que convocará la Comisión en los primeros meses de 2015.
Cronología de las actuaciones emprendidas
-El 9 de julio de 2014, se remitió carta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, instándole a convocar la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, para comenzar el proceso de traspaso de la competencia ejecutiva sobre los aeropuertos canarios de interés general a la Comunidad Autónoma.
-El 29 de julio de 2014, se notificó a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores certificación del acuerdo adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el 24 de julio de 2014, mediante el que se instaba a dicho ente que se hiciera constar expresamente en el folleto informativo de la futura oferta pública de venta de valores del 28 por 100 del capital de la entidad mercantil estatal de capital público «Aena, S.A.», la intención del Gobierno de Canarias de impugnar tal decisión y de exigir ante los órganos judiciales competentes que se declarase que la gestión de los aeropuertos canarios corresponde al Gobierno de Canarias, en virtud de lo establecido en los artículos 30.22 y 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
-Con fecha 10 de septiembre de 2014 se recibió respuesta de la mencionada entidad pública, en los siguientes términos:
«En relación con su carta de 29 de julio, en la que me informaba del acuerdo del Gobierno de Canarias adoptado en sesión celebrada el 24 de julio de 2014, le comunico que he dado traslado del mismo a las personas concernidas a efectos de la inclusión de los extremos en ella contenidos en el folleto informativo de la oferta pública de venta de valores que pretende realizar AENA.»
- Los días 23 y 24 de septiembre de 2014, Berriel solicitó a la Vicepresidenta del Gobierno de España y Ministra de la Presidencia, en su condición de Secretaria del Consejo de Ministros, la notificación formal de los acuerdos de 13 de junio y de 11 de julio de 2014 del Consejo de Ministros, que desarrollaron y autorizaron el modelo de privatización, instando su expedición a la mayor brevedad posible, por considerarlo esencial para la defensa de los intereses legítimos de la Comunidad Autónoma en el marco constitucional.
-Asimismo, el día 23 de septiembre de 2014, el departamento de Transportes autonómico instó al Presidente de Enaire a que se informara a los inversores interesados de la intención del Gobierno de Canarias de impugnar la decisión de privatización de «Aena, S.A.» y de exigir ante los órganos judiciales competentes que se declarase que la gestión de los aeropuertos canarios corresponde al Gobierno de Canarias, en virtud de lo establecido en los artículos 30.22 y 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
-Por último, el Consejo de Gobierno del jueves, 25 de septiembre de 2014, acordó solicitar que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma, definida en el art. 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, como órgano de negociación en el que tratar de llegar a un acuerdo, como paso previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra los acuerdos de Consejo de Ministros de 13 de junio y 11 de julio, que dan sustento al proceso privatizador.
-En esa misma sesión, de 25 de septiembre de 2014, el Gobierno de Canarias acordó recurrir a la Audiencia Nacional para exigir la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, una vez que se han cumplido los tres meses desde la solicitud al Ministerio para su convocatoria, sin haber obtenido respuesta.
-El 11 de noviembre de 2014 se recibe carta del secretario de Estado de Administraciones Públicas, notificando la negativa del Ministerio de Haccienda y Administraciones Públicas a convocar la citada Comisión Mixta, por lo que el Gobierno de Canarias exigirá su convocatoria ante los Tribunales.
El Gobierno de Canarias se opone a la privatización de Aena porque los aeropuertos son infraestructuras fundamentales y estratégicas para la cohesión territorial y social de Canarias, en una Comunidad Autónoma en la que, además, no existen otras conexiones alternativas y rápidas con el exterior, como pueden ser el ferrocarril o la carretera.
