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Canarias 17 de Enero de 2014
PSOE y Coalición Canaria harán frente común en el Congreso contra la reforma local del PP
Gaspar Zarrías carga contra una “ley chapuza” que supone un “ataque brutal” a los servicios sociales, que no recoge la singularidad canaria y bloquea la atención municipal a la ciudadanía.

El PSOE promoverá un recurso de inconstitucionalidad por tres vías contra la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local aprobada por el Partido Popular y el Gobierno del Estado, para lo que el Grupo Parlamentario Socialista y los diputados de Coalición Canaria en el Congreso harán frente común en la Cámara baja. Así lo reveló ayer el secretario federal de Ciudad y Política Municipal, Gaspar Zarrías, al término de una reunión entre representantes de la formación nacionalista, de la Ejecutiva Federal y de la Regional para analizar la nueva normativa y sus repercusiones en los servicios que brindan los ayuntamientos a la ciudadanía.
En el encuentro estuvieron, además de Zarrías, el secretario de Organización del
PSOE de Canarias, Julio Cruz; el vocal en la Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga; el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán; el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; la alcaldesa de La Guancha, María Elena Luis Domínguez; la consejera de CC en el Cabildo de La Palma Guadalupe González Taño; y el concejal nacionalista de Telde Pablo Rodríguez Valido.

En rueda de prensa junto a Barragán, Zarrías tachó la reforma legal del PP de “chapuza”, advirtió de que “solo generará problemas a los ayuntamientos a la hora de prestar servicios a la ciudadanía” y aseguró que constituye “un ataque brutal contra los servicios sociales, tan importantes en estos momentos de crisis económica”. “No estamos aquí para defender a los alcaldes y concejales, sino para proteger a unos ciudadanos y ciudadanas que van a ser atendidos con menos recursos y de manera menos eficiente”, apuntó.

El secretario federal, que recordó que la reforma “tampoco recoge la singularidad de Canarias”, adelantó que Coalición y el PSOE han formado un grupo de trabajo para definir la presentación de un recurso de inconstitucionalidad “por tres vías”: desde el Congreso de los Diputados, donde hacen falta 50 diputados firmantes y para lo que unirán fuerzas ambas formaciones políticas; desde los gobiernos y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas; y, por primera vez en España, desde los ayuntamientos. “Este último es un procedimiento novedoso, pero creemos que las corporaciones locales están legitimadas para presentar un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias”, explicó Zarrías.

Por su parte, José Miguel Barragán insistió en que la reforma promovida por el Gobierno del Estado “provoca que a los ciudadanos les sea mucho más difícil acceder a los servicios que prestan los ayuntamientos” y dejó claro que las iniciativas que Coalición Canaria llevará a cabo de manera conjunta con el PSOE “no tienen como objetivo defender a las instituciones, a los alcaldes y concejales, sino el trabajo que estos hacen en sus municipios para prestar apoyo a la ciudadanía”. En este sentido, Barragán recalcó que la posición que mantiene su partido respecto a la ley “sigue siendo la misma que hemos mantenido durante su proceso de tramitación”, una postura que coincide, señaló, con la que mantiene la Federación Canaria de Municipios (Fecam), “una de las organizaciones más activas del Estado en la defensa de los servicios que presta la administración local”.

El secretario general de CC adelantó que su partido se va a sumar a ese recurso de inconstitucionalidad “una vez sea analizado por sus servicios jurídicos”, confió en que más adelante pueda hacer lo mismo el Parlamento de Canarias y recordó que el Gobierno regional está estudiando esta reforma para presentar un proyecto de ley, previsiblemente antes de final de año, para reforzar las administraciones municipales. A su juicio, se trata de evitar que “el desaguisado” que provocará la nueva normativa repercuta en los servicios que se prestan a la ciudadanía, aunque reconoció que la acción del Ejecutivo “resolverá parte del problema, pero no todo”. De ahí la importancia de la iniciativa conjunta para recurrir la reforma local.

Respaldo de un millón de canarios y canarias.
Gaspar Zarrías, que se fijó un plazo máximo de tres meses para la puesta en marcha de estas iniciativas, detalló también el número de ayuntamientos que podrían resultar afectados por la reforma legal del PP: un total de 8.116. En este sentido, explicó que para recurrir la ley es necesario contar con el respaldo de una séptima parte de los municipios (1.160 corporaciones), una cifra que consideró “plausible”; y que estos representen a un sexto de la población (7.700.000 habitantes). Según sus cálculos, en Canarias podrían sumarse a esta iniciativa alrededor de un millón de personas.

“Los ayuntamientos son el primer lugar al que acude la ciudadanía cuando tiene un problema. No sé cuántas veces va una persona a ver a su presidente del Gobierno, o a un presidente del Cabildo, pero sí sé que visitan cientos de veces a sus alcaldes y estos los atienden”, afirmó el secretario de Política Municipal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este cambio legal?. Zarrías lo tiene claro: “El objetivo es privatizar los servicios que prestan las administraciones locales, desde la recogida de basuras, el suministro de agua, el saneamiento y el mantenimiento de mobiliario público hasta cuestiones más delicadas como los servicios sociales”, aseveró. “Es una operación diseñada para introducir en los ayuntamientos a la iniciativa privada”, concluyó.