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Canarias 27 de Febrero de 2014
Canarias atiende a más de 33.000 personas en situación de Dependencia
Rojas afirma que "no tenemos un problema de gestión, tenemos un problema de dinero porque el Estado ahorra gracias a la ley de Dependencia".

"Canarias atiende a un total de 33.588 personas en situación de Dependencia", afirmó ayer, en comparecencia parlamentaria la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, para informar a petición propia sobre la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia y su aplicación en Canarias.

Según explicó Rojas, "en las estadísticas del Imserso, Canarias aparece, en relación al servicio de Ayuda a Domicilio, con cero prestaciones".

"Sin embargo, todos sabemos perfectamente que en Canarias se ofrece la ayuda a domicilio a personas dependientes. De hecho, en Canarias hay 12.891 personas que reciben ayuda a domicilio aunque en las estadísticas del SAAD no aparezca ninguno", matizó.
"Y lo mismo sucede con el servicio de Teleasistencia, a través del cual en Canarias se atiende, mediante convenios con los ayuntamientos o con organizaciones no gubernamentales, a 6.080 personas, que, sin embargo, no se incluyen en las estadísticas del Imserso", aclaró.

"La adaptación del antiguo sistema sociosanitario de Canarias a la Ley estatal de Dependencia ha provocado continuos saldos negativos para nuestra Comunidad, que han significado el continuo suspenso en Dependencia. Pero aún el proceso no ha concluido, ya que el Estado, dado la complejidad de la norma, dio un plazo hasta el año 2015 y 2015 aún no ha llegado, aunque nosotros esperamos concluirlo antes de que finalice 2014".

"A pesar de ello, las estadísticas reales en Canarias son: en ayuda domicilio, 12.891; en Teleasistencia, 6,080; en Centros de día, 4.198, plazas; en Centros residenciales, 4.117; y finalizamos con 6.334 en ayudas económicas, para un total de 33.588 prestaciones", indicó.

Según aseguró Rojas, "estos datos contrastan con las que recoge el Imserso en sus estadísticas. De hecho, a fecha 31 de diciembre de 2013, en Canarias hay, según el Imserso, 24.153 personas beneficiarias con derecho a una prestación, de los que solo 11.456 tienen una prestación, sea ésta de servicios o económica", explicó la consejera.

"Además, según el Imserso, las prestaciones por atención domiciliaria son 2.761 y las de centro de día 2.704, lo que en total suman 5.461, muy lejos de las 8.229 plazas para personas dependientes que Canarias tiene firmadas en convenios con los Cabildos Insulares".

"Aún así, y solo utilizando los datos del Imserso, Canarias estaría por encima del Estado en plazas residenciales, ya que el Estado está en un 13,8 y Canarias en un 24,1; mientras que, en relación a centros de día, Canarias estaría en un 23,6 mientras que el Estado estaría en un 7,44 del total de prestaciones", subrayó la responsable de Políticas Sociales.

El Estado ahorra gracias a la ley de Dependencia
"La ley de Dependencia en Canarias no tiene un problema de gestión. Tiene un problema presupuestario grave ya que el Gobierno del Estado ahorra gracias a la ley de Dependencia", continuó Rojas.

Según argumentó Rojas, "en los presupuestos del Estado de 2012, nada más iniciarse la legislatura desaparece el nivel acordado, esto supone 283 millones de recorte. Meses más tarde el Plan de Reformas enviado por España a la Unión Europea, el llamado Plan Ahorro, recoge otro recorte en materia de dependencia, y esta vez de 1.108 millones de euros".

"Es decir, de todo el presupuesto del Estado, el Gobierno del Partido Popular solo pudo hacer caja recortando en la atención a la Dependencia, con lo que deja claro cuál es su intención con respecto a esta Ley", sentenció.

"De hecho, -aclaró la consejera- todos los analistas coinciden en declarar que el Estado solo aporta el 15 % de la financiación del sistema, cuando por Ley debe hacerlo en un 50 %, por tanto, este es el primer incumplimiento de la ley de Dependencia y es que el Estado no cumple".

Según explicó Rojas, "los recortes suponen que todo el Sistema entra en retroceso en el conjunto del Estado, provocando un incremento directo del déficit autonómico; se acentúan aún más las dificultades para que las Comunidades Autónomas, y prácticamente se imposibilita la atención a nuevos casos con derecho reconocido que se produzcan en adelante, consagrando así el grave retroceso del sistema".

"Los propios datos ofrecidos por el Imserso en el Avance de evaluación 2013. Sistema de dependencia corroboran esta perspectiva: el año pasado, sólo se incorporaron 2.291 personas beneficiarias con derecho a prestación en todo el Estado, seis veces menos que a lo largo de 2012".

"Todo esto pone de manifiesto la erosión del Sistema de la Dependencia en España, achacable al desmantelamiento de la ley por parte del Gobierno del Estado", concluyó la responsable de Políticas Sociales.