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Canarias 21 de Febrero de 2014
Inés Rojas: "Es una buena ley que reconoce a la vivienda como un bien social y la aleja de intereses especuladores"
La consejera de Vivienda defendió nuevamente, en comparecencia en comisión parlamentaria, la urgencia de tramitar el proyecto de ley de Modificación de la ley de Vivienda de Canarias.
"Es una buena ley que reconoce a la vivienda como un bien social y la aleja de intereses especuladores -sentenció- aunque sin enfrentarse al derecho de propiedad privada recogido en la Constitución. Canarias además, legisla porque tiene competencias para ello y porque ya que el Estado no lo hace, como así se lo exige la propia Unión Europea, obliga a las Comunidades Autónomas a hacerlo buscando la justicia, el bien general y el apoyo a las familias en riesgo de exclusión social sobrevenida por el motivo de la crisis".
La responsable de Vivienda manifestó que el informe de Economía "lo que estima que cuesta la ley, no el incremento presupuestario que implicaría y esto es un matiz muy importante y definitorio".
En este sentido explicó que la estimación se basa en tres tipos de gastos: los de personal para el nuevo servicio de inspección, la creación del Registro de Viviendas deshabitadas y el coste de las expropiaciones.
En cuanto al gasto estimado de personal y que en el informe se fija en 461.284,48 euros, la consejera explicó que "no supondrá un incremento para la Comunidad autónoma ya que lo que se producirá es un ajuste de personal en el marco de la Función Pública Canaria".
Sobre la creación y gestión del Registro de Viviendas Deshabitadas recordó que ya esta subsanado ya que el informe de Hacienda se realizó en septiembre de 2013, y "posteriormente se aprobó la transferencia de crédito 363/13 por importe de 400.000 euros. Además, en los prepuestos de la Comunidad autónoma se contabilizó 1.099.914 para este concepto en los presupuestos del ejercicio 2014".
En el tercero punto y que se refiere al coste de las expropiaciones, Rojas precisó que se hizo una estimación máxima teniendo en cuenta todos los desahucios y en la realidad no será tan elevada ya que "sólo podrán ser beneficiarios de la expropiación de uso las personas que cumplan los requisitos que se enumeran en la Disposición Adicional cuarta del texto normativo".
Rojas detalló que los requisitos son que "se trate de su única vivienda, que esta sea su vivienda habitual, que ningún miembro de la unidad familiar tenga otra vivienda y que la situación en la que quede la familia sea de emergencia social en la que se tendrá muy en cuenta que la unidad familiar tenga infancia a cargo".
Resaltó también el incremento de los ingresos públicos que generará esta modificación legislativa y que "vendrá dado por el número y cuantía de las sanciones impuestas, y en mayor medida, por el incremento de las fianzas depositadas por el alquiler de nuevas viviendas y los intereses que estos depósitos generen".
Por último reiteró la necesidad de tramitar con urgencia la modificación de la Ley de Vivienda "en la situación socioeconómica actual en la que conviven miles de familias en riesgo de exclusión social ante la amenaza del desahucio".
"Estoy convencida de que estamos ante una buena ley -concluyó- en la que el Gobierno entiende la vivienda como un bien social, de ahí, nuestra implicación en este modificación de la actual Ley de Vivienda de Canarias, con un doble motivo, que repito es poner en el mercado el parque privado de vivienda vacía, sobre todo de las entidades financieras, y no desalojar a las familias en emergencia social o con niños y niñas a su cargo".
