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Canarias 18 de Febrero de 2014
“¿Por qué temen que el Constitucional dictamine la legalidad de la moratoria?”
Australia Navarro considera “revelador que el anuncio del recurso provoque miedo en las filas del Gobierno de Rivero”.
El Partido Popular de Canarias, a través de su portavoz parlamentaria, Australia Navarro, se preguntó ayer “por qué en las filas del Gobierno de Paulino Rivero temen que el Tribunal Constitucional dictamine sobre la legalidad de la moratoria turística canaria, que arbitrariamente prohíbe la construcción de hoteles de nueva planta de 4 estrellas en suelo de uso turístico ya calificado”.
Australia Navarro considera que “es revelador que el anuncio de un recurso de inconstitucionalidad contra la norma impuesta por CC y PSOE provoque miedo en el Ejecutivo regional, que nada debería temer del dictamen del Tribunal Constitucional”.
La portavoz popular reconoció que “en el Partido Popular llevamos muchos meses reclamando una reforma de la normativa a la que Paulino Rivero se ha negado sistemáticamente, pese a los pronunciamientos del empresariado canario, de las principales instituciones públicas de Gran Canaria, incluso del propio Comité de Expertos que Paulino Rivero creó y nombró en su día”.
“Por tanto, el anuncio de un recurso contra la moratoria es una buena noticia para Canarias. Para la economía y el empleo que podrían beneficiarse de proyectos de inversión privada que hoy están bloqueados por el intervencionismo del Gobierno de Rivero”.
Australia Navarro recordó también que “ni los nacionalistas ni los socialistas deberían alarmarse tanto por acudir al Tribunal Constitucional; máxime cuando ellos, como socios de gobierno en Canarias, no dejan de recurrir a los tribunales de Justicia todas las reformas puestas en marcha por el Gobierno del Partido Popular”.
A juicio de la portavoz popular, “es insostenible que mientras el Gobierno regional recurre lo que se le antoja, se venga ahora a ofender porque el Gobierno de la Nación, cuestione la dudosa legalidad de una moratoria que puede vulnerar el principio constitucional de no discriminación y que, desde luego, frena e impide nuevas inversiones turísticas en Canarias que no consumen nuevo suelo”.
