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Canarias 28 de Febrero de 2014
Gabriel Mato pide en Estrasburgo que la UE actúe ante la situación de violencia
en Venezuela
El Parlamento Europeo aprobó ayer una resolución de apoyo al pueblo venezolano, en una sesión en la que el eurodiputado canario ha expresado su contundente rechazo por las recientes muertes y reclamado el derecho del pueblo venezolano a vivir en paz y libertad.

El Parlamento Europeo aprobó ayer, en sesión plenaria, con 463 votos a favor, 45 en contra y 37 abstenciones, una resolución de apoyo al pueblo venezolano ante los conflictos que se vienen registrando en los últimos días. En el debate mantenido por este asunto en la Eurocámara, el eurodiputado canario del PP Gabriel Mato expresó su preocupación por la actual situación que vive Venezuela, un país que, según recordó, está íntimamente vinculado con Canarias, e instó a la Unión Europea a que tome cartas en el asunto.
Mato dejó patente su “contundente rechazo” a las muertes de tantos inocentes registradas en los últimos días e hizo especial referencia al asesinato de Wilmer Carballo, un ciudadano de origen canario.

El eurodiputado afirmó que “el pueblo venezolano quiere vivir en paz y en libertad, sin violencia y sin amenazas y, además, tiene derecho a ello, como también lo tiene a poder comprar alimentos básicos, a caminar por las calles sin temor a ser asesinados, a no ser perseguidos por sus ideas o encarcelados por manifestarse”.

En este sentido, precisó que “es el Gobierno quien tiene el deber de garantizar todos estos derechos constitucionalmente reconocidos y no puede cercenarlos con la impunidad con la que desgraciadamente lo está haciendo”.

Por ello, abogó por que desde la Eurocámara se apoye al pueblo venezolano en un momento especialmente difícil y valoró que el Pleno diese luz verde a la propuesta de resolución común presentada por el Partido Popular Europeo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa y el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.

En dicha resolución se condena a todos los actos de violencia y la trágica pérdida de vidas humanas durante las manifestaciones pacíficas del 12 de febrero de 2014 y los días posteriores.

Asimismo, se pone de manifiesto la solidaridad con el pueblo venezolano y la preocupación por la posibilidad de que las nuevas protestas puedan desembocar en más actos violentos que, puntualizan los firmantes, no haría más que ahondar la brecha entre las posiciones del Gobierno y la oposición y contribuiría a polarizar en mayor medida la delicada situación política que se registra en Venezuela.

En este sentido, se insta a los representantes de todos los partidos y estamentos de la sociedad venezolana a que mantengan la calma tanto en lo que se refiere a sus declaraciones como a las acciones que emprendan.

Asimismo, se solicita que se envíe a Venezuela cuanto antes una delegación del Parlamento Europeo para evaluar la situación.

En defensa de la libertad de expresión
La resolución recuerda al Gobierno de Venezuela que la libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas son derechos fundamentales de la persona en toda democracia, tal y como reconoce la Constitución venezolana, por lo que se pide al presidente Nicolás Maduro que respete los tratados internacionales de los que Venezuela es parte, en particular la Carta Democrática Interamericana.

También se pone de manifiesto que el Gobierno de Venezuela tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del país, independientemente de sus opiniones o adscripciones políticas, al mismo tiempo que se pone de manifiesto la preocupación de los grupos europeos por la detención de estudiantes y de dirigentes de la oposición, para quienes reclama su liberación inmediata.

En el documento se hace referencia a la necesidad de respetar el principio de la separación de poderes y se pone de manifiesto que el sistema judicial no puede ser utilizado por las autoridades como medio de persecución política y de represión de la oposición democrática. Por ello, se solicita a las autoridades venezolanas que retiren las acusaciones infundadas y las órdenes de detención contra dirigentes de la oposición.

Otra de las demandas incluidas se centra en que las autoridades venezolanas desarmen y disuelvan inmediatamente a los grupos armados descontrolados progubernamentales, y que pongan fin a su impunidad, al mismo tiempo que se solicita aclaraciones sobre los fallecimientos que se han registrado, con el fin de exigir responsabilidades a los autores por sus actos.

También se apuesta por un diálogo pacífico con todos los estamentos de la sociedad venezolana para definir los puntos de convergencia y permitir que los interlocutores políticos debatan los problemas de mayor gravedad que afronta el país.

Finalmente, se pone el acento en el respeto de la libertad de prensa, de información y de opinión, junto con el pluralismo político, al mismo tiempo que se critica la existencia de censura en los medios de comunicación e internet y el acoso a varios periódicos y medios audiovisuales.