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Canarias 1 de Julio de 2014
El Ministerio sólo financiará 1 de cada 5 euros del coste por alumno de la implantación
de la FPB en Canarias
José Miguel Pérez discrepa con el procedimiento empleado por el Ministerio para la estimación de los costes de implantación de la FPB y con las modificaciones introducidas en 3º y 4º de la ESO, así como con sus resultados.
El Ministerio de Educación ha ignorado en su estimación sobre los costes correspondientes a la implantación de la Formación Profesional Básica (FPB) y de la ESO en Canarias criterios tan importantes como la lejanía, la insularidad y la dispersión, aspectos que, sin embargo, aparecen contemplados en el artículo sexto de la propia Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Así lo ha explicó ayer, el vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, en una rueda de prensa ofrecida en Madrid junto a sus homólogos de Andalucía y Asturias.
"No se ha tenido en cuenta que, tanto la dispersión, como la lejanía y, especialmente la insularidad, elevan el coste del alumnado en las Islas muy por encima de las estimaciones ministeriales, ya que será necesario crear para el mismo número de estudiantes que en las demás Comunidades, una mayor cantidad de grupos con menos alumnos de los 30 que el Ministerio estima para definir los costes".
José Miguel Pérez mostró su preocupación por "el elevado coste de oportunidad que entraña esta financiación", tanto en la FPB, como en lo referente a las modificaciones de la ESO. Los cambios propuestos por el Ministerio, explicó el vicepresidente y consejero, supondrán un coste de más de 900 millones de euros "para que el alumnado, finalmente, obtenga un título de un nivel de cualificación más bajo que el que habría obtenido terminando un Programa de Cualificación Profesional Inicial, o que pueda optar entre una vía académica y una vía aplicada para acceder al título de graduado a Educación Secundaria".
La propuesta de financiación remitida recientemente por el Ministerio a las Comunidades Autónomas, recoge un gasto aproximado de 964 millones de euros para la aplicación de las modificaciones. "Pero esta cifra está lejos de suponer un aumento de la inversión en Educación, ya que hay que recordar que la previsión del Gobierno central para la actual legislatura en este ámbito estima una reducción cercana a los 9.000 millones de euros, de los cuales, más de 7.000 millones ya se han dejado de invertir", explicó José Miguel Pérez.
Además, considera que, dado que la Administración General del Estado es la responsable de modificar el sistema educativo introduciendo unas nuevas enseñanzas de carácter obligatorio, "debe, por tanto, hacerse cargo también del coste completo de la financiación y no sólo del sobrecoste, que es lo que pretende el ministro Wert". Con su actual propuesta, el Gobierno central sólo tendrá que pagar la diferencia entre financiar los Programas de Cualificación Profesional o financiar la Formación Profesional Básica y será el Ejecutivo canario, con cargo a sus propios presupuestos, quien tendrá que asumir el grueso de todo el coste "y esta diferencia es muy elevada".
Según las estimaciones de la Consejería, aunque el Ministerio ha destinado a Canarias 44 millones de euros, el coste real de los cambios propuestos para las Islas será casi cuatro veces más, ya que considera que el gasto por estudiante de la FPB es de 5.219 euros, mientras que en los actuales programas de cualificación profesional sería de 4.327 euros. El Departamento de Wert alega que ellos sólo están obligados a pagar la diferencia, mientras que el Gobierno canario defiende que "están obligados a pagar el coste completo".
Las previsiones del Ministerio para el próximo curso escolar 2014-2015 indican que sólo tendrá que asumir el gasto correspondiente a 100 estudiantes de FPB en toda Canarias, "sin embargo, ellos mismos calculan que los alumnos y alumnas será aproximadamente 3.100, por lo que Canarias tendrá que financiar con fondos propios la escolarización de los otros 3.000".
En relación con los nuevos decretos del currículum para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, el consejero manifestó que, "una vez más, se pone de manifiesto que los principios que inspiraron la Lomce eran erróneos".
Examinando con atención el decreto de la ESO se comprueba que en lugar de la tan reiterada simplificación de dicho currículum, lo que se ha hecho es "complicar enormemente" para los centros y para el alumnado el mismo, ya que, si bien se mantienen prácticamente todas las asignaturas que ya existían, con las nuevas modificaciones, la incorporación y ampliación de los temas trasversales "pueden suponer currículo reales muy diferentes en cada uno de los centros educativos. Todo parece indicar que el Departamento de Wert los ha diseñado apoyándose en un principio muy elemental: que los centros enseñen lo que consideren importante y luego será el Ministerio, a través de las reválidas externas, el que determine lo que tendrá de verdad valor".
