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Arona 20 de Junio de 2014
Inés Rojas: “El Gobierno
Canario trabaja para
garantizar alquileres
sociales a familias
desfavorecidas”
La consejera visitó la sede de Coalición
Canaria de Arona, donde expuso los detalles de la nueva Ley Canaria de Vivienda.
La Consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, y la Directora del Instituto Canario de la Vivienda, Sulbey González, visitaron este martes, la sede de Coalición Canaria de Arona, con la intención de explicar los detalles de la nueva Ley Canaria de Vivienda y el Plan Canario de Vivienda ante un nutrido grupo de ciudadanos del municipio sureño.
Durante su intervención, Inés Rojas hizo referencia al Plan Canario de Vivienda (2009-2012), que incluía programas como la Bolsa de Vivienda, la Hipoteca Joven, ayudas a empresas o programas dirigidos a familias con dificultades económicas.
Rojas indicó que “este Plan coincidió con los peores años de la crisis, por lo que el Estado empezó a cancelar algunos de los programas, y el Gobierno de Canarias, ante la falta de financiación, tuvo que tomar la misma opción”.
Rojas anunció que “desde 2013 debería haber entrado en vigor un nuevo Plan Estatal, que no lo hizo por retraso del Ministerio”. Según el nuevo documento, hasta 2017 el Estado aportaría 42,5 millones de euros, mientras que el Gobierno Canario destinaría 13 millones a desarrollar políticas activas de vivienda en la Comunidad Autónoma.
La Consejera resaltó que “este nuevo Plan hace especial hincapié en la rehabilitación y reposición de viviendas, tanto públicas como privadas, además de liquidar lo que quedó pendiente de los programas del Plan anterior y fomentar la cultura del alquiler”.
Por otro lado, Inés Rojas se refirió a la Ley Canaria de Vivienda, que se aprobó hace una semana, y que persigue una cuestión que Rojas calificó de “fundamental”, como es “que una familia que pierde la propiedad de la vivienda llegue a un acuerdo con el banco correspondiente para pagar un alquiler social, y de esa forma, sigan teniendo un techo”.
Otra cuestión que aborda la nueva Ley es que los bancos y entidades jurídicas deben registrar todas las viviendas vacías de las que dispongan para ofrecerlas a familias por un alquiler social. La Ley contempla la obligatoriedad de hacerlo y declara la función social de la vivienda.
