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Canarias 19 de Junio de 2014
El Gobierno ultima un convenio con la banca
para poner sus viviendas vacías en alquiler
social
En cuanto a la renta sería, como máximo, de 4,7 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, y las familias nunca pagarían más del 12% de sus ingresos netos.
La consejera de Vivienda, Inés Rojas, detalló ayer miércoles, en el Pleno del Parlamento de Canarias, las gestiones realizadas por su departamento para establecer acuerdos para que las viviendas vacías, propiedad de entidades bancarias, puedan ser movilizadas por el Gobierno de Canarias.
Rojas detalló que "en el propio marco de la modificación de la ley, ya iniciamos conversaciones con las entidades bancarias en cuanto a la vivienda, para primero, explicarles lo que el Gobierno pretendía con el nuevo cuerpo legal y también estudiando otras posibilidades como la de llegar a acuerdos, vía convenios, para dinamizar el parque de viviendas vacías".
Entre las opciones que se han barajado la consejera expuso que "se está ultimando un convenio de colaboración entre la FECAM, y la empresa pública VISOCAN, especializada en la gestión de vivienda y adscrita a la consejería de Vivienda, y las entidades financieras".
En esta colaboración, las entidades financieras aportarían un fondo de viviendas vacías de su propiedad en toda Canarias y la FECAM sería la encargada de detectar a las familias solicitantes en cada uno de sus municipios.
Por su parte, la empresa de Vivienda del Gobierno de Canarias se encargaría de ajustar las necesidades de las familias a las particulares condiciones de las viviendas, además, VISOCAN también se encargaría de supervisar que la vivienda estuviera en condiciones de habitabilidad.
El fondo de viviendas que aportaran las entidades serían destinadas a familias que hubieran perdido su vivienda habitual, por un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria o de desahucio o estén incursas en un procedimiento judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria o de desahucio que implique su inminente lanzamiento.
También se atenderían otras circunstancias derivadas de la actual crisis económica, como que las familias que se encuentren en una precaria situación económica y social que les impida el acceso a una vivienda. En ambos casos se suscribiría un contrato de arrendamiento con rentas adaptadas a los ingresos familiares.
Rojas manifestó que esta colaboración "sería una alternativa si se confirma la posibilidad de que el Partido Popular boicotee la ley de vivienda, aprobada democráticamente en este parlamento, vía Tribunal Supremo y éste tome medidas cautelares suspendiéndola como ya ha hecho en otras Comunidades".
También señaló la posibilidad de que se pueda ampliar a los solicitantes en el Registro de Demandantes de viviendas sociales en alquiler y no exclusivamente a las familias en procesos de desahucio.
En cuanto a la renta sería, como máximo, de 4,7 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, y las familias nunca pagarían más del 12% de sus ingresos netos.
El Parlamento canario aprobó el pasado 11 de junio, la Ley de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda con el fin de no desalojar a las familias en un proceso de desahucio.
El objetivo principal de esta modificación legislativa es posibilitar la intervención de la Administración en el ámbito de la vivienda libre con medidas incentivadoras, y velar por la puesta a disposición de la ciudadanía más necesitada, de todas las viviendas deshabitadas.
Según datos del CGPJ entre enero y marzo de 2014, un total de 1.367 familias tuvieron que abandonar su vivienda por una ejecución hipotecaria en las Islas, lo que situó a Canarias como la comunidad donde más aumentaron los desahucios respecto al primer trimestre de 2013.
Como explicó Inés Rojas la nueva ley "plantea soluciones eficaces y efectivas, para aliviar la gran demanda de vivienda en nuestras Islas, ya que se podrá movilizar las viviendas vacías, en manos de las entidades financieras, y dar una solución a las personas que en los últimos años, y a consecuencia de la crisis, se han quedado en la calle".
"Esta ley -asegura- nos va a permitir en Canarias empezar a intervenir y corregir los efectos negativos de la crisis en el mercado inmobiliario de la vivienda libre pues declararemos la vivienda como un bien social y a la par, podremos ayudar a todas esas familias que en estos últimos años lo han perdido todo".
