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Canarias 27 de Marzo de 2014
Rojas pide al Partido Popular que no boicotee la Ley de Vivienda
En Canarias, con la crisis, se ha elevado el número de solicitantes de viviendas, que llegan a 35.000, mientras que permanecen más de 100.000 viviendas vacías.
La consejera de Vivienda, Inés Rojas, manifiesta la urgencia que se debe imprimir a la tramitación del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Vivienda de Canarias, actualmente en el Parlamento canario, y considera que plantea soluciones "eficaces y efectivas para aliviar la gran demanda de vivienda en nuestras Islas, ya que se podrá movilizar las viviendas vacías, en manos de las entidades financieras, y dar una solución a las personas que en los últimos años, y a consecuencia de la crisis, se han quedado en la calle".
"Esta ley -asegura- nos va a permitir empezar a intervenir y corregir los efectos negativos de la crisis en el mercado inmobiliario de la vivienda libre pues declararemos la vivienda como un bien social y a la par, podremos ayudar a todas esas familias que en estos últimos años lo han perdido todo".
La consejera explica que "Canarias es de las pocas comunidades que ha construido vivienda en alquiler para entregar a las familias con menos ingresos en alquiler, y así lo reconoce el último informe de la defensora del Pueblo sobre viviendas vacías, pero esta oferta, que en pocas comunidades se hace, es insuficiente para satisfacer el importante incremento de demandantes de vivienda que se ha producido en los últimos años a medida que la crisis avanzaba".
"La solución no está en construir más viviendas sociales, sino en aprovechar las que ha están construidas optimizando así el uso de las viviendas vacías poniéndolas a disposición de la ciudadanía a precios accesibles. Esta es la medida principal que plantea el Gobierno con la modificación de la Ley que ha llevado al Parlamento".
La consejera aclara que "esta Ley evita el desalojo de las familias en exclusión social por no poder hacer frente a una hipoteca".
"Se evita el desalojo ¿precisa- no el desahucio pues la propiedad sigue siendo de la entidad financiera pero la familia permanece en su casa".
La consejera insiste en la necesidad de implantar esta modificación en Canarias ya que "reconoce a la vivienda como un bien social y la aleja de intereses especuladores, sin enfrentarse al derecho de propiedad privada recogido en la Constitución".
"Canarias legisla en materia de Vivienda porque tiene competencias para ello y porque ya que el Estado no lo hace, como así se lo exige la propia Unión Europea, obliga a las Comunidades Autónomas a hacerlo buscando la justicia, el bien general y el apoyo a las familias en riesgo de exclusión social sobrevenida por el motivo de la crisis.
Esta nueva regulación hace especial hincapié en la urgencia de incluir en el mercado el amplio parque de vivienda desocupada y que está en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias para lo que, en primer lugar, contempla la creación de un Registro de Viviendas Desocupadas.
Cerca de 17.000 alquileres sociales. En la actualidad, el Gobierno de Canarias mantiene cerca de 17.000 viviendas protegidas, construidas directamente, en régimen de alquiler social para familias con ingresos inferiores a 11.000 euros. Tal como se establece en la Ley de Vivienda de Canarias, ninguna familia destinará más del 12% de sus ingresos al pago del alquiler.
En los últimos meses, el Gobierno de Canarias ha entregado las 26 viviendas de Valverde, El Hierro; 20 en Morro Jable, Fuerteventura, y 21 de Tazacorte, La Palma y sólo durante el año pasado se entregaron 80 viviendas recuperadas del parque público, a familias en extrema necesidad por el sistema de adjudicación directa, en su mayoría mujeres solas, con cargas familiares y sin tan apenas recursos.
Plan Estatal de Vivienda
Rojas, también expresó su preocupación por el gran retraso en la firma del Plan Estatal de Vivienda 2013-1016 que ya lleva más de un año paralizado, "para que se ponga en marcha en todo el Estado, el Ministerio de Fomento tiene que publicar la orden que desarrolla el Plan y todavía no lo ha hecho".
"Me preocupa particularmente el desarrollo de los convenios de reposición y rehabilitación que están paralizados y que afectan a alrededor de 4.500 familias.
