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Canarias 13 de Mayo de 2014
CCOO advierte sobre el significativo descenso sufrido en la financiación de las universidades públicas canarias
Una vez analizado el informe realizado por la Federación de Enseñanza de CCOO sobre la evolución de los presupuestos de las universidades públicas españolas en el periodo 2009-2013.

Para hablar sobre la financiación de las universidades es necesario recordar el marco de competencias que existe en el ámbito universitario.

Las autonomías tienen competencias plenas sobre el desarrollo normativo que atañe a las relaciones con el entorno social y sobre las subvenciones corrientes y de capital para el funcionamiento interno. Por otro lado, el Estado se reserva la normativa de carácter ge¬neral (LOU), la regulación del personal docente e investigador (PDI) funcionario, así como ciertas ayudas al estudio de carácter general (familia numerosa, becas ministeriales, etc.). Y en último lugar, la Unión Europea también es fuente de ingresos en forma de subvenciones (generalmente finalistas) de todo tipo, a través de sus distintos programas.
De esta forma se ha configurado un sistema de financiación cuyas fuentes principales pro¬vienen de tres administraciones públicas distintas (autonómica, estatal y europea), con diversos objetivos, algunos de los cuales se duplican. A estos ingresos se añaden los proce¬dentes de la financiación privada, que provienen de los precios públicos, tasas, prestación de servicios, mecenazgo, etc.

El resultado de esta situación es desigual. Depende de varios factores, entre los que cabe destacar fundamentalmente la comunidad autónoma en la que se ubica la universidad; si existe un plan de financiación plurianual o no; la asignación de fondos de la Adminis¬tración General del Estado (AGE) (becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)…); los fondos captados a través de convenios, etc.; y, en los últimos años, el nivel de endeudamiento de las comunidades y los recortes del gasto público e incremento de matrí¬culas impulsados por los gobiernos de las distintas administraciones.

Así, las subvenciones corrientes y de capital a cada una de las universidades pueden ser más o menos insuficientes en función de las características o de los intereses del Gobierno de cada comunidad autónoma, de las tasas de escolarización en estas enseñanzas y de la situación de partida en cada una de las universidades (tamaño, grado de multidisciplinari¬dad, antigüedad de la misma, etc.).

Por último, es necesario considerar el número de estudiantes matriculados en las universi¬dades españolas. En los últimos 30 años del siglo pasado, pasamos de 360.000 estudiantes, en el curso 1970/71, a 1.580.000 en el de 1999/001. Posteriormente, disminuyó el número de estudiantes, pero en los últimos años se ha vuelto a incrementar hasta alcanzar 1.572.617 en 2011/12, como puede verse en la siguiente tabla que recoge la “Evolución del número de estudiantes matriculados”. (Ver comunicado completo en documento adjunto)


A partir del curso 2012/13 comprobamos un cam¬bio de tendencia provocado por los cambios en las políticas de precios públicos, becas y ayudas al estudio aprobados por el Gobierno, que se consolidan en el curso 2013/14. El nú¬mero de estudiantes matriculados desciende por el aumento de los precios públicos y la disminución de las becas y no por el descenso de población como afirma el MECD, puesto que, mientras la población desciende desde 2008, los estudiantes matriculados se incre¬mentan hasta el curso 2011/12.

Con los datos recopilados de los presupuestos aprobados por los Consejos Sociales de las distintas universidades, la Federación de Enseñanza de CCOO ha elaborado el informe que hoy presentamos sobre la evolución de los presupuestos de las universidades públicas españolas en el periodo 2009-2013.

Donde se observa un significativo descenso de los presupuestos en las dos universidades canarias, existiendo una gran diferencia, de casi 10 millones de euros, entre la disminución que se ha producido en la universidad de las Palmas de Gran Canaria frente a la de la universidad de La Laguna. Apreciándose igualmente un ritmo diferente en la minoración de esos presupuestos, produciéndose las caídas más pronunciadas entre los años 2010-2011 y 2012-2013.

Con estos datos podemos comprobar que la inversión en educación superior en nuestra comunidad autónoma, entre los años 2009 y 2013, ha disminuido más de 43 millones de euros, lo que supone un 14,10% menos de financiación que en 2009 para el conjunto de las universidades canarias. Teniendo en cuenta la evolución del IPC entre diciembre de 2008 y el mismo mes de 2013 (9,60%), el porcentaje de pérdida se incrementa hasta el 23,70%.

El gasto de personal (capítulo 1) se ha reducido un 8,2%, entre 2010 y 2013, y las inversiones reales (capítulo 6) han caído un 60% en el mismo periodo. La reducción, si comparamos 2009 y 2013, es del 6,4% y del 66,2%, respectivamente.

En el apartado de ingresos, las transferencias corrientes (capítulo IV) han disminuido un 11,1% y las transferencias de capital (capítulo VII) han descendido casi un 87,7% entre 2009 y 2013. Si hacemos la comparación entre 2010 y 2013, el capítulo IV ha sufrido una reducción del 12%, mientras que las transferencias de capital bajaron un 83%.

Los precios públicos, tasas y otros ingresos (capítulo III) se han incrementado un 19,4% entre 2009 y 2013. Comparando 2010 con 2013, el capítulo III creció un 16,9%.

Globalmente, la evolución de la financiación en Canarias ha sido un poco más negativa que en la mayo¬ría de las comunidades autónomas, el porcentaje de descenso en la financiación está por encima de la media.

Esta evolución echa por tierra los objetivos 2020 y la adaptación al espacio europeo de enseñanzas superiores además de sepultar las ilusiones de muchos jóvenes canarios, generando graves problemas de desarrollo de nuestra sociedad que se harán visibles a medio y largo plazo. Por ello exigimos a los Gobiernos estatal y autonómico y a las propias universidades canarias, que realicen los esfuerzos necesarios para acabar con esta situación, mejorando paulatinamente la inversión en nuestras universidades públicas y garantizando la igualdad de oportunidades para el acceso a los estudios superiores.