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Canarias 15 de Mayo de 2014
El Parlamento apoya una iniciativa del PP a favor de los afectados de “Fórum-Afinsa”
Canarias se une a las CCAA que demandan medidas a través del Instituto de Crédito Oficial, como pide la Plataforma ciudadana.
El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una propuesta del Grupo Parlamentario Popular en apoyo y solidaridad con los pequeños ahorradores afectados por el caso de las empresas “Fórum Filatélico, SA”, “Afinsa, Bienes Tangibles, SA” y “Arte y Naturaleza Gespart, SL”, e insta la búsqueda de una solución que les permita avanzar hacia la finalización de los procesos judiciales abiertos.
Se trata de una Proposición No de Ley, en la línea de lo ya aprobado en otras comunidades autónomas, para instar al Gobierno de la Nación que valore la propuesta planteada por la “Plataforma Unitaria Solución Fórum-Afinsa”, consistente en que el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dirija a quienes ostentan la condición de consumidores y usuarios una oferta de adquisición de las cantidades reconocidas como crédito en los respectivos procedimientos concursales en curso.
El diputado popular, Jorge Rodríguez, defensor de la iniciativa aprobada, recuerda que del total de 477.351 ahorradores afectados, hay unos 10.000 en Canarias. Casi ocho años después del estallido del conocido como caso “Fórum-Afinsa”, el procedimiento de liquidación concursal se encuentra paralizado en la práctica.
Para el parlamentario del PP, “cada año perdido pesa como una losa para unas familias, en su mayoría humildes, que no pueden recuperar sus ahorros, y más en un momento como la presente crisis económica, por lo que urge que el Estado apruebe cuanto antes una solución a este grave problema social”.
El 94,81% de los afectados tenía invertidas cantidades inferiores a los 50.000 euros, provenientes en su gran mayoría de ahorro familiar obtenido en períodos de hasta 20 años; existiendo además una proporción muy elevada de perjudicados que percibía por esos ahorros complementos de pensión que podían oscilar entre 100 y 400 euros mensuales.
“Es preciso y urgente encontrar una respuesta eficaz al problema planteado, con independencia de las decisiones que adopten los órganos jurisdiccionales, y con esta iniciativa respondemos a todas las personas que, de buena voluntad, habían invertido en estas actividades”, concluyó Rodríguez.
