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Canarias 8 de Mayo de 2014
Hernández Spínola: “Debemos seguir trabajando para que España continúe
siendo un país de oportunidades”
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad afirma que “la inmigración ha tenido un efecto positivo para la economía y el empleo”.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, señaló ayer que desde las Administraciones “debemos seguir trabajando para que España continúe siendo un país de oportunidades, de acogida, y comprometido con quienes no tienen otra salida que abandonar su patria”, así como poner el acento en “las políticas de integración, en la articulación de medidas que alivien la situación de vulnerabilidad de las familias inmigrantes, que propicien su reinserción laboral y que preserven su derecho a acceder a los bienes y servicios públicos y a las prestaciones sociales”.
Así lo puso de manifiesto el consejero en el acto de inauguración del Foro
de Inmigración que reúne a una treintena de jueces y fiscales en el sur de Gran Canaria para abordar los efectos que ha tenido la crisis económica entre la población inmigrante.
En tal sentido, Hernández Spínola afirmó que la crisis económica iniciada en el año 2008 ha afectado de manera especialmente acusada a los inmigrantes, debido tanto a su mayor vulnerabilidad de partida, como a la mayor incidencia del brusco aumento del desempleo, trastocando el panorama migratorio español.
La precariedad característica de las modalidades de inserción laboral de los inmigrantes a lo largo del período de expansión económica, recalcó el consejero, explica en buena medida su mayor vulnerabilidad frente a la crisis actual.
Si a ello le sumamos el endurecimiento de las políticas migratorias y la reducción de los presupuestos públicos dedicados a integración, continuó, “estos dos parámetros contribuyen también a reforzar la precariedad de este colectivo y a multiplicar el riesgo de exclusión social”.
Durante su intervención, Hernández Spínola remarcó que “no podemos obviar que la inmigración ha tenido un efecto positivo para la economía y el empleo de España”.
En términos generales, continuó, “su presencia no perjudicó al mercado de trabajo sino que lo amplió, aumentó el número de afiliados a la Seguridad Social y permitió la incorporación de las mujeres españolas al mercado laboral”. Por tanto, “el efecto de la inmigración sobre la economía española debe juzgarse como positivo”.
Igualmente, expuso el consejero, “no podemos dejar de mirar a las fronteras de Ceuta y Melilla”. Las cifras oficiales confirman la evidencia de que Ceuta y, sobre todo, Melilla, se han convertido en la gran puerta de atrás para la entrada en España, y por ende en Europa, de los inmigrantes sin papeles.
La política de inmigración de la Unión Europea, lamentó, se caracteriza, en general, por las trabas para el acceso de extranjeros a los Estados miembros. Por razones históricas y geográficas, “Europa debería acentuar y potenciar una atención especial a África mediante políticas de ayuda y cooperación al desarrollo, trato preferencial en materia de comercio, ayuda alimentaria y fomento del respeto de los derechos humanos”.
Por ello, precisó, hay que profundizar en el Acuerdo de Cotonú, firmado en el año 2000 en la capital de facto de Benín y que sucedió al Convenio de Lomé, y “diseñar una política de inmigración práctica, respetable y decidida”.
Finalmente, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias lamentó nuevamente la “incomprensible” decisión de la Secretaría de Estado de Seguridad de impedir la visita de una treintena de jueces y fiscales al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, y confió en que el Ministerio del Interior “reflexione y cambie de criterio” para las futuras ediciones del Foro de Inmigración.
Durante el acto de inauguración del Foro de Inmigración, el consejero estuvo acompañado del fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Vicente Garrido, el presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Humberto Guadalupe, el subdelegado del Gobierno, Luis Molina y el alcalde de San Bartolmé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez.
