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Canarias 3 de Noviembre de 2014
NC considera intolerable el intento del gobierno del PP de cargarse la ley canaria de educación
Recuerda que esta norma, nacida de una iniciativa popular, supone
un compromiso firme para mejorar el sistema educativo de las Islas.
Nueva Canarias considera que el PP lleva a cabo una auténtica agresión centralista contra la educación pública canaria al iniciar el proceso de impugnación de la Ley de Educación aprobada por su Parlamento, cuestionando buena parte de su articulado y preparando el camino para recurrirla ante el Tribunal Constitucional, lo que supondría su paralización. Una ley nacida de una iniciativa popular, que aunó el trabajo y la voluntad comprometida de asociaciones de padres y madres, colectivos docentes, sindicatos, ayuntamientos y ciudadanas y ciudadanos preocupados por la educación. Se trata de un desprecio a Canarias, a sus instituciones y a su comunidad educativa.
Son muchos los artículos y contenidos que el PP quiere suspender o descafeinar,
entre ellos los relativos a educación infantil, Formación Profesional, ejercicio de
la función docente, evaluaciones de diagnóstico o estabilidad del personal interino. Una vez más, el centralismo del PP quiere impedir el desarrollo legislativo de nuestra Comunidad en una norma que pretende incrementar la calidad de la educación y responder a los retos de Canarias en esta materia.
NC recuerda que la ley supuso un amplio y riguroso trabajo de la Cámara y de sus grupos, recogiendo las aportaciones de la plataforma que, con el apoyo de más de 35.000 firmas, presentó la ley de iniciativa popular. Alcanzando un elevado grado de consenso parlamentario al ser aprobada con los votos de PSOE, CC y Grupo Mixto-PIL-Nueva Canarias.
Entre los elementos positivos de esta ley destacan el compromiso por la educación infantil de cero a tres años y por las escuelas infantiles públicas, la apuesta por el bilingüismo, así como el reconocimiento de la labor que desarrollan los docentes y la inclusión de contenidos canarios.
Diversidad
Asimismo, la norma defiende decididamente la atención a la diversidad y la compensación de las desigualdades, en el marco de una escuela canaria inclusiva; y la autonomía de los centros educativos.
Además, establece un compromiso de crecimiento presupuestario en materia educativa, que obliga al Gobierno de Canarias a pasar del 3,4% actual al 5% del PIB en los próximos años. Algo que, lamentablemente, no hemos visto reflejado en este Presupuesto para 2015.
Todos estos avances se pueden ver cercenados por la actitud cerril de los conservadores españoles, en una decisión que confirma su autoritarismo, su centralismo y su visión elitista de la educación.
