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Canarias 21 de Noviembre de 2014
Visocan adeuda 113 cuotas impagadas por 9,4 millones de euros
El Gobierno regional admite una deuda de 202 millones en Viviendas Sociales de Canarias, cuyas auditorías externas esconde.
El diputado autonómico del Partido Popular, Felipe Afonso, denunció ayer que la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) adeuda más de 9,4 millones de euros, correspondientes a 113 cuotas impagadas de diversos créditos bancarios, a 30 de junio de 2014: “Visocan está al borde de la ruina y la insolvencia, tras dos décadas de desastrosa gestión de CC”.
En su presupuesto para 2015, el Gobierno regional reconoce que esta empresa pública sin actividad acumula una deuda de 202 millones de euros, de los cuales 163,5 millones corresponden a diversos créditos bancarios, y 38,3 millones son deudas a corto plazo. De ellos, 9,4 millones son créditos que el departamento de Vivienda ha sido incapaz de pagar en plazo.
El diputado popular, además, ha solicitado las auditorías externas realizadas a Visocan en los dos años precedentes, “y la situación debe de ser tan difícil que una entidad con 202 millones de deuda ha sido despachada con dos folios, como pretendiendo esconder su caótica e incompetente gestión”.
“Aunque solo le quedan 7 meses, la continuidad de la consejera de Vivienda, Inés Rojas, es una losa de la que CC y PSOE deberían librarnos”, señaló Felipe Afonso, quien se preguntó cuál es la actividad que desarrolla en materia de Vivienda el Gobierno regional, que ni atiende las peticiones de más de 36.000 solicitantes de VPO que están en lista de espera, ni construye nuevas viviendas, ni paga sus créditos pendientes: “Su volumen de venta y servicios ha caído un 75% en 4 años”.
Afonso recordó que en 2012 el propio Gobierno autonómico tuvo que socorrerla ante su imposibilidad manifiesta de hacer frente a los créditos bancarios pendientes: “En aquel momento fueron 15 millones para evitar su hundimiento definitivo, y ahora afrontaremos, de momento, 9,4 millones más”.
“Con semejante nivel de impagos es imposible afrontar la construcción de nuevas viviendas para los más de 36.000 demandantes canarios”, aseguró el diputado del PP, para quien esta es la mejor prueba de que el sector público empresarial de Canarias “está en las peores manos posibles, sirviendo exclusivamente a los intereses de CC y PSOE”.
