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Canarias 14 de Noviembre de 2014
El Gobierno exige que las prospecciones
se suspendan hasta que los tribunales
se pronuncien sobre el fondo del asunto
Considera que la Justicia debe actuar antes de que se produzcan incidentes
de consecuencias irreversibles.
El Gobierno de Canarias entiende que las prospecciones petrolíferas autorizadas en aguas del Archipiélago a la compañía Repsol deben suspenderse hasta que los tribunales se pronuncien sobre el fondo del asunto, de acuerdo con la comunicación aprobada ayer por el Ejecutivo y que será debatida por el Parlamento de Canarias.
El escrito señala que "nadie entendería que los tribunales se pronunciaran una vez que se hayan realizado las prospecciones o, lo que sería peor, si mientras analizan si se han cumplido las condiciones formales y materiales que la normativa exige para este tipo de actividades peligrosas se produjera algún incidente", cuyas consecuencias serían irreversibles dada la naturaleza altamente contaminante y peligrosa de la actividad.
En este sentido, la comunicación gubernamental recuerda los riesgos que entrañan las prospecciones para el medioambiente y la economía de Canarias. Entre los primeros, cita la afección a la potabilización de agua; la contaminación acústica, lumínica y química asociadas al proceso de perforación, y el riesgo de una fuga descontrolada de crudo (blowout) que llegaría a todas las islas. "A ello habría que añadir que esas actividades son altamente contaminantes y que perjudican gravemente a la biodiversidad del Archipiélago, al afloramiento de nutrientes y a la abundancia de cetáceos, precisamente en una de las zonas más ricas del planeta, así como que provoca la destrucción física del fondo marino y la modificación del suelo submarino causando con ello la desaparición de especies."
En cuanto a los riesgos económicos, la comunicación destaca la afección al turismo, "principal actividad de Canarias desde hace 40 años y que previsiblemente lo seguirá siendo en los próximos 100. La imagen del Archipiélago como destino turístico -continúa- que recibe más de 13 millones de visitantes extranjeros al año puede verse seriamente perjudicada ya que las prospecciones son incompatibles con el modelo económico que se está desarrollando basado en las condiciones naturales y la biodiversidad. En esa dirección, el Gobierno entiende que la actividad petrolífera pone en riesgo los 12.000 millones de euros que representa el turismo en Canarias, el 30% del PIB y más del 30% del empleo (50% en el caso de Lanzarote y Fuerteventura).
La comunicación del Gobierno recuerda, asimismo, los frentes que siguen abiertos contra las prospecciones. Desde el punto de vista político, se recabará la opinión de los ciudadanos sobre si se mantiene la oposición institucional a las prospecciones mediante una macro encuesta con una fiabilidad por encima del 95%. Del mismo modo, la consulta mediante pregunta directa se retomará, en su caso, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el levantamiento de la suspensión provocada por el Gobierno estatal, en la medida en que se entiende que la Comunidad Autónoma puede convocar legalmente consultas distintas al referéndum, como así ha avalado el Consejo Consultivo de Canarias por unanimidad.
Judicialmente, el Gobierno está a la espera de que se dicten medidas cautelares de suspensión de los actos por lo que se autorizan las prospecciones mientras se resuelve el fondo del asunto, tanto ante el TC como ante el TSJC.
A este respecto, el Gobierno, conjuntamente con partidos políticos y colectivos ciudadanos, "seguirá utilizando todos los medios que el Ordenamiento Jurídico pone a su disposición en contra de las prospecciones, ya sean en el ámbito de la Unión Europea, de los tribunales de Justicia, de las instituciones políticas o de la calle, colaborando con la sociedad civil tanto para manifestar democráticamente el fuerte rechazo social e institucional, como para conseguir el objetivo último, que es la paralización definitiva de la prospecciones en aguas canarias".
