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Canarias 8 de Octubre de 2014
Canarias tiene entre 2.400 y 6.500 docentes menos que otras CC.AA. con un número similar de alumnos
Castilla La Mancha tiene, para un número similar de alumnos, 2.395 docentes más; el País Vasco, 4.516 más, y Castilla y León 6.578 más que Canarias.

Canarias posee menor número de profesores y profesoras y se invierte menos en educación que en otras comunidades con similar número de alumnos y de habitantes, como son Castilla La Mancha, Castilla y León o el País Vasco.

Castilla La Mancha invierte 212 millones más que Canarias en educación y posee 4.039 docentes más; el País Vasco invierte 839,4 millones más y posee 6.474 docentes más; y Castilla y León invierte 342,3 millones más y posee 7.452 profesores más que Canarias. Siendo además el profesorado de Canarias el peor retribuido del estado, especialmente a partir de la primera década de servicios efectivos.

CCOO denuncia el déficit crónico de docentes por alumno que tiene Canarias respecto a otras CC.AA., y la falta de voluntad política de corregir esta situación, mediante la homogeneización de las ratios de docentes por alumno que existen en el Estado.
Por otro lado, el sindicato denuncia que la Consejería de Canarias sigue sin reconocer la necesidad de homologación salarial con los docentes del resto del Estado, en el derecho al abono de los sexenios de formación docente y del complemento por función tutorial que demanda CCOO para el profesorado canario, motivo por el que permanece discriminado frente a los docentes del resto de CCAA.

CCOO entiende que el gobierno canario está obligado a realizar una apuesta decidida por mejorar considerablemente la inversión en educación para el año 2015, para paliar así el impacto negativo que esta discriminación está generando en la calidad de nuestro sistema educativo.

Conocido los presupuestos generales del estado para 2015 se evidencia que el Gobierno central ha renunciado a una política de Estado por la educación: congela la inversión, impidiendo que sea un instrumento de la salida de la crisis; sigue recortando en las partidas más sociales, como becas para equilibrar la subida de las tasas, formación del profesorado, políticas de compensación educativas, UNED, etc.; continúa destruyendo empleo docente, al mantenerse las limitaciones de la tasa de reposición de efectivos...  Esto, sumado a los  recortes que se vienen produciendo en la inversión educativa en Canarias desde 2007, genera una situación de desamparo de la enseñanza pública en nuestras Islas.

No podemos olvidar que desde el año 1998 y hasta el 2007, en época de bonanza económica, la regresión en la inversión en educación en Canarias fue brutal, pasándose de invertir más del 31% de los presupuestos generales de Canarias en Educación, a poco más del 22% en 2007. A partir de ese momento, la crisis ha sido utilizada por nuestros gobernantes para justificar los continuos recortes que se dan año tras año en el sector.

Una vez realizada la presentación de los presupuestos generales del estado para 2015 por el Sr. Montoro, observamos con preocupación que no se cumple con el principio de solidaridad que debe equilibrar la inversión en las distintas CCAA., quedando Canarias nuevamente a la cola tanto en el incremento de inversiones, solo aumenta la misma en 4,5%, como en la inversión por habitante, percibiéndose solo 127 euros por habitante, quedando las Islas la segunda por la cola.

Por todo ello, CCOO critica que, en un año de supuesta recuperación, el presupuesto del Ministerio de Educación sigue en niveles anteriores a 2010 y que el ligero aumento (120 millones) se explica por los anticipos que se conceden a las comunidades autónomas para la financiación de la LOMCE en Secundaria (90 millones) y para medidas discrecionales en favor de la “mejora de la calidad” (22 millones), excluyendo el incremento de las becas y otras partidas sociales. El Ministerio se ha cebado especialmente con las políticas educativas compensatorias, que prácticamente desaparecen de los presupuestos, dejando desasistido al alumnado con necesidades específicas y con retraso, eliminando de esta forma la equidad del sistema educativo español. Además, seguirá destruyendo empleo docente, al mantenerse las limitaciones de la tasa de reposición de efectivos y no sustituir a todo el profesorado que se jubila.

El Gobierno solo ha buscado fondos para respaldar una ley, la LOMCE, para cuya aplicación desconfía de las comunidades autónomas.