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Tenerife 14 de Octubre de 2014
Entregan 11 viviendas sociales en segunda adjudicación a familias sin recursos de Santa Cruz de Tenerife
En el último año y medio cerca de 900 familias han accedido a viviendas del Gobierno de Canarias en alquiler social.
La directora del Instituto Canario de la Vivienda, Sulbey González, entregó ayer lunes, 11 viviendas de promoción pública recuperadas en segunda adjudicación a familias con ingresos mínimos.
La adjudicación se ha realizado de acuerdo al listado, generado por sorteo, de demandantes de viviendas protegidas de promoción pública, en régimen de alquiler, para segundas o posteriores adjudicaciones, de viviendas vacantes en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
González destacó el proceso continuo que se desarrolla en el departamento que dirige para adjudicar las viviendas que han quedado vacías a quienes más lo necesitan y aseguró que la entrega en segunda adjudicación "es la fórmula para dar una solución a familias con grandes dificultades, en su mayoría mujeres con cargas familiares y sin ningún recurso ni posibilidad de acceder a una vivienda por su cuenta".
Se trata de viviendas protegidas de promoción pública en alquiler, que los adjudicatarios iniciales dejaron por diferentes motivos y que el Gobierno recupera y rehabilita para entregar por el proceso de segunda adjudicación a familias con muy escasos ingresos y muchísimas dificultades añadidas.
La tramitación administrativa viene recogida en el decreto 138/2007, de 24 de mayo, por el que se establece el régimen de de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda, modificado por el Decreto 96/2012, de 13 de diciembre (BOC nº 250, de 24 de diciembre de 2012).
Estas viviendas están incluidas en el Plan de Vivienda de Canarias, en la fase de rehabilitación de viviendas del parque público para su posterior adjudicación a familias, según lo previsto en el artículo 21.4 del Decreto 138/2007 de 24 de mayo para familias con una situación de perentoria o extrema necesidad.
El coste de las mensualidades que deberán abonar las familias adjudicatarias está subvencionado por el Gobierno de Canarias en un porcentaje que se adapta a las particulares condiciones económicas y familiares de cada familia, llegando a cubrir hasta el 99% de la cuota mensual cuando la situación familiar es muy precaria. Tal como se establece en la Ley de Vivienda de Canarias, ninguna familia destinará más del 12% de sus ingresos al pago del alquiler.
Cerca de 900 familias en alquiler social en año y medio. La directora recordó que "en este último año y medio, 872 familias han accedido a alquileres sociales en viviendas del Gobierno de Canarias, nuevas, en segunda adjudicación como la que hoy entregamos o las que la empresa pública Visocan construyó para la venta y ahora se están dinamizando en alquiler".
En concreto, se han formalizado 666 contratos de alquiler de viviendas que la empresa pública construyó para la venta y se reconvirtieron al alquiler ante la desaparición de las ayudas estatales; también, por el sistema de adjudicación directa, el Instituto canario de la Vivienda ha entregado, a familias en extrema necesidad, otras 99 viviendas de promoción pública recuperadas del parque público, y ha entregado, por el sistema de sorteo mixto, otras 107 viviendas nuevas también de promoción pública.
A estas entregas, en breve se sumarán las viviendas aportadas por la entidad Bankia para ofertar un alquiler social a familias en riesgo de desahucio o que ya hayan sido desalojadas de su vivienda por impago de hipoteca o de mensualidades del alquiler.
La consejera de Vivienda, Inés Rojas, el presidente de la FECAM, Ramón Plasencia y el director territorial de Bankia, David López, establecieron un convenio de colaboración para la aportación de viviendas destinadas al alquiler en el ámbito del programa de la bolsa de vivienda vacía.
El objeto del Convenio será la colaboración para que la empresa pública del Gobierno de Canarias Visocan gestione el alquiler de una bolsa de viviendas desocupadas de Bankia entre las personas con necesidades de vivienda que aportarán los ayuntamientos a través de la FECAM.
