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Canarias 10 de Octubre de 2014
“La Ley de Cabildos supone más calidad
y eficiencia de los servicios que se prestan
a la ciudadanía”
El diputado socialista Julio Cruz afirmó ayer que la propuesta de Ley de Cabildos trasladada desde el Gobierno de Canarias “supone una transformación de estas administraciones públicas, su mejor adaptación a las demandas sociales y su obligación de dar mayor eficiencia, calidad y eficacia en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, de contención del gasto, de mayor transparencia”. En el pleno de la Cámara, subrayó que los canarios “demandan una mejor administración, más barata, eficaz y muy transparente al servicio de la ciudadanía y de los intereses generales”.
Julio Cruz explicó que las insuficiencias constatadas en la legislación autonómica vigente y la experiencia práctica de su aplicación, especialmente de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias de 1986 y 1990, inciden en la necesidad de acometer el objeto de esta comunicación. Destacó que este documento “no sólo plantea un criterio de política general sobre la reforma administrativa y política de las administraciones públicas canarias, sino que viene acompañada de un documento de trabajo amplio, que aborda una solución legislativa a los diferentes problemas planteados y algo aún más importante: viene con un alto grado de consenso de las administraciones implicadas: Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos”.
Tras la aprobación de las propuestas de resolución presentadas conjuntamente por los grupos Socialista y Nacionalista, Cruz animó a la Cámara a “hacer un trabajo amplio, dar forma y aprobar por fin una ley que regule de forma integral el régimen jurídico de los cabildos, lo que obliga a hacer un esfuerzo de consenso entre todas la fuerzas políticas, que dé respuesta a las necesidades y mandatos legales planteados”.
Para Cruz, la necesidad de acometer una regulación integral de los cabildos debe dar respuesta a muchos problemas y necesidades de dimensionar una administración insular adecuada al importante reto de configurarse como un verdadero gobierno insular, como administración local y como institución de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como un instrumento al servicio de los ciudadanos y de los intereses específicos de cada isla. Indicó que uno de los problemas sin resolver y que debe ser objetivo de la futura ley es clarificar el sistema competencial, evitando las denominadas duplicidades administrativas.
Expuso que en la actualidad, los cabildos, como instituciones autonómicas, han visto incrementadas de forma notable sus funciones y competencias, especialmente por transferencias de la Comunidad Autónoma. “Hablamos de más competencias que deben poder ser ampliadas clarificando las bases y principios que han de regir su reparto entre las distintas administraciones, y que tienen que tener respuesta también en la adecuación de su régimen jurídico”.
Igualmente, dijo, cuantas más competencias hay que introducir en su funcionamiento normas que garanticen su control, con instrumentos y medidas que eviten los problemas que hoy se perciben en los mecanismos establecidos y que el Parlamento tiene la obligación de subsanar. “Por otra parte, la ciudadanía mira especialmente las medidas encaminadas a dotar de mayor transparencia en la gestión de los cabildos, que debe articularse en el marco de la previsiones básicas de la ley de transparencia y el desarrollo y adecuación a las especificidades de los cabildos”.
Asimismo, afirmó que más competencias, más control y mayor transparencia conducen a deber dar respuesta, bajo los principios de colaboración y cooperación, a las necesarias relaciones entre la Administración de la Comunidad Autónoma y los cabildos, en un marco definido asimismo también a nivel intrainsular entre los cabildos y los ayuntamientos de cada Isla.
Julio Cruz valoró que la propuesta legislativa tienda a la consolidación institucional de los cabildos, mediante su reforzamiento y revitalización como instituciones insulares, tanto desde la condición de corporaciones locales como desde su papel de instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. “Su condición como corporaciones locales no impide su conformación y desarrollo como institución autonómica, a lo que el Tribunal Constitucional no ha puesto reparo alguno, sino todo lo contrario”, recordó.
